Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías usando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, instante en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión mediante una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este ámbito legal continúa desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión leer más de las afirmaciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el campo del capital riesgo..